A través de la Ley 23.396 se aprobó el acuerdo suscripto entre la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmado en Buenos Aires el 26 de febrero de 1985, en el cual se enuncian las condiciones básicas en las cuales el PNUD y sus Organismos de Ejecución prestarán asistencia al Gobierno para llevar a cabo sus Proyectos de desarrollo y se ejecutarán los Proyectos que reciben ayuda del PNUD.

El Proyecto se encuadra en el Marco Estratégico de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el desarrollo (MECNUD 2021-2025), con el Documento del Programa País (CPD) del PNUD y con el Plan Estratégico del PNUD 2018-2021.

Asimismo, la República Argentina adhiere a los tratados que reconocen el derecho al acceso a Internet y ha realizado diversas políticas públicas tendientes a mejorar el acceso digital y a reducir las brechas que acentúan inequidades.

A modo de ejemplo se destacan:

• La Ley N° 27.078 de 2014 “Argentina Digital”, que declara de interés público el desarrollo de las TICs, las Telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes.
• El Decreto 1552/2010, que crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina Conectada”, cuyos ejes estratégicos son la inclusión digital, la optimización del uso del espectro radioeléctrico, el desarrollo del servicio universal, la producción nacional y generación de empleo en el sector de las telecomunicaciones, la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones, la infraestructura y conectividad, y el fomento a la competencia, todo ello abordado desde una óptica universal e inclusiva con el fin de fortalecer la inclusión digital en el país.
• El Decreto 733/2018, que establece que la totalidad de los documentos, comunicaciones, expedientes, actuaciones, legajos, notificaciones, actos administrativos y procedimientos en general, deberán instrumentarse en el sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE, permitiendo su acceso y tramitación digital completa, remota, simple, automática e instantánea.
• El Decreto 656/2019, que persigue el objetivo de permitir a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, los beneficios de las ventajas de la tramitación del estado de manera digital, completa, remota y simple.
• El Decreto 690/2020, que establece que los Servicios de las TICs y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad.