El desafío que se busca abordar a través del proyecto es contribuir al desarrollo de las capacidades del estado a fin de implementar intervenciones innovadoras que permitan reducir la brecha digital y promover la inclusión a nivel federal.

Se denomina brecha digital a las desigualdades existentes entre grupos sociales respecto al acceso y utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs)- presentes en la población, siendo los pilares fundamentales para reducirla: acceso a la conectividad, equipamiento tecnológico y educación en la materia.

Sumado a ello, el acceso a la conectividad está concentrado en pocas provincias, en particular en las áreas urbanas y las localidades más afectadas del país son las suburbanas y rurales que no disponen de conectividad o los niveles de calidad y velocidad son bajos. Estos datos indican que aún existen brechas que deben disminuirse.

También se verifican desigualdades en el acceso a la conectividad entre varones y mujeres a nivel regional y nacional. Así es como durante el periodo comprendido entre 2017 y 2018, el porcentaje de acceso a internet en la región fue del 63% para varones y el 57% para mujeres, mientras que el acceso y uso del teléfono móvil fue del 83% para varones y el 80% para mujeres.

Este proyecto se sustenta también como un aporte para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, procurando que con las acciones implementadas se mejore el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres; aumente significativamente el acceso a las tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet; potencie y promueva la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición; cree a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas; garantice el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.