El año 2003 la promulgación de la Ley 25779 declaró “insanablemente nulas las Leyes 23492 y 23521” y un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos por Carlos Menem, habilitando la apertura de causas judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar religiosa en nuestro país. En este contexto de reapertura de juicios de lesa humanidad, la sanción de nuevas leyes reparatorias para víctimas del terrorismo de estado y la modificación de las ya existentes, como así también la aplicación de políticas de memoria, los Archivos y sus trabajadores cumplieron un rol fundamental en la aplicación de estas políticas garantizando que la documentación de archivo que compone su acervo esté disponible para la justicia, las instituciones y los particulares y cumpla así su función social. Durante esta jornada se expondrán experiencias de trabajo que hacen a la accesibilidad de la documentación contribuyendo desde ese lugar al fortalecimiento de la democracia y a la garantía de derechos.

PRIMERA PARTE: LA MEMORIA HISTÓRICA E INSTITUCIONAL DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA, MASACRES INDÍGENAS DEL SIGLO XIX Y JUICIOS POR LA VERDAD.
El acceso a la documentación de archivo nos permite dar cuenta del funcionamiento de las instituciones en un determinado periodo del tiempo. Gran parte del territorio que conforma nuestro país fue conquistado durante el siglo XVI por la Corona Española producto de la expansión atlántica del Reino de España. De esta manera, desde el siglo XVI hasta 1810 los habitantes originarios del territorio fueron sometidos institucional y simbólicamente al dominio español. Se les impusieron desde instituciones administrativas hasta la religión en un intento de despojarlos de toda identidad.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación apoyó la realización de Juicios por la Verdad reconociendo el rol del Estado en las masacres indígenas perpetradas por el mismo a principios del siglo XX y considerándolos crímenes de lesa humanidad. Estos juicios se enmarcan en la búsqueda de reparación a las víctimas, sus familias y comunidades. En estas instancias la documentación de archivo sirvió de valor probatorio para los juicios como así también constituyó garantía de derechos para las comunidades.

SEGUNDA PARTE: EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL USO PEDAGÓGICO DE LOS ARCHIVOS.
Una de las herramientas ineludibles para garantizar la triple función social de los archivos es brindar transparencia sobre el acervo documental, su administración y las políticas públicas que se llevan a cabo a partir de ellos. Para esto, contamos con leyes que no sólo lo permiten, sino que obligan a la administración pública a dar a conocer su trabajo de políticas públicas. La Ley de Acceso a la Información Pública (25.275) vigente en Argentina desde 2016 es un derecho humano que permite la libertad de expresión de las y los ciudadanos. De este ejercicio responsable de la tarea alrededor del derecho a saber depende la habilitación de otros derechos y políticas públicas: derechos económicos, sociales, culturales y políticos.

Asimismo, para poder ejercerlo es necesario poder conocer a qué se pretende acceder. Garantizar el acceso a la información pública implica “educar al soberano”. Bajo esta premisa es que la comunicación a través de la mayor cantidad de vías posibles es menester. De la misma manera, se requiere articular puentes entre los actores sociales y las instituciones encargadas de gestionar el acervo documental. En nuestro país, varias instituciones de la administración pública nacional, así como organismos de derechos humanos, educadores y demás actores sociales vienen implementando una serie de programas que permitan acercar a la ciudadanía a su historia a partir de documentos de archivos. Algunos de ellos nos estarán presentando las políticas comunicacionales, de difusión y educativas que se llevan a cabo para tal fin.