La Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional prevista por el Decreto 1311/2015 del Poder Ejecutivo Nacional está orientada a la “protección y promoción de los intereses políticos, institucionales, sociales, económicos y culturales del pueblo argentino”, con el objetivo de resguardar el sistema democrático.

En ese sentido, la norma reglamentaria establece que “la inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no espiarlos”. Así, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) “se configura como un ‘observatorio’ abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y seguridad interior”.

En cuanto a la defensa nacional, esas problemáticas refieren a posibles agresiones por parte de otros Estados a la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.

En el ámbito de la seguridad interior, comprende fenómenos delictivos de las libertades y derechos de las personas y del Estado, específicamente relacionados a terrorismo; atentados contra el orden constitucional y de la vida democrática; criminalidad organizada, en particular el narcotráfico, la trata de personas sexual o laboral, la delincuencia económica y financiera y el tráfico de armas, entre otros, y acciones contra la ciberseguridad, la confidencialidad, los sistemas informáticos, las redes y los datos.

El Sistema de Inteligencia Nacional está integrado por la Agencia Federal de Inteligencia; la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones del Ministerio de Seguridad, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, del Ministerio de Defensa y “debe contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad” de la Nación.