Presidencia de la Nación

La protección de los territorios indígenas, el primer paso en la lucha contra el cambio climático


Por Telémaco Subijana y Darío Brenman

Descargá y leé el quinto número completo: Desigualdad territorial, hábitat y derecho a la vivienda

El miércoles 17 de noviembre pasado, diferentes organizaciones indígenas enroladas en OPINOA (Organizaciones de Pueblos Indígenas de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba), que nuclean aproximadamente 200 Comunidades de distintas Identidades Indígenas, realizaron una movilización con acampe al Congreso Nacional con dos objetivos principales:

1. Una nueva prórroga de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial.
2. Una ley de propiedad comunitaria indígena.

La Ley 26.160 es la única herramienta jurídica que tienen los pueblos indígenas para frenar los intentos de desalojo de las comunidades que habitan nuestro país. Fue sancionada a fines del año 2006, por un plazo de vigencia de 4 años, para dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas de la Argentina, en consonancia con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación, y dar cumplimiento parcial al artículo 14 inciso 2 del Convenio 169 de la OIT. La misma fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009, mediante la Ley 26.554; en el 2013, a través de la Ley 26.894; y en el 2017, con la Ley 27.400, por la cual se extendió su vigencia hasta noviembre de 2021.

Su nueva prórroga es fundamental para relevar más del 50 % de los territorios indígenas aún faltantes, y así avanzar hacia una definitiva ley de propiedad comunitaria indígena. Al respecto, desde OPINOA expresan que “el territorio no se compra, ni se vende, se habita, y está ley reafirma esa forma comunitaria, ancestral de vivir”.

A fin de abordar esta situación en profundidad, Inclusive entrevistó a Alex Frites, secretario de la comunidad de Varas –ubicada dentro de lo que comprende el pueblo de Omahuaca– que cuenta con 52 comunidades, y a Alicia Mónica Bertolani, curaca, autoridad ancestral y referente de educación de la comunidad Tulián Comechingón Sanavirón, de San Marcos Sierra. Los referentes de OPINOA de Córdoba y Jujuy dieron su testimonio como representantes de las comunidades indígenas que integran este espacio. Nos acercaron un panorama integral de lo que está sucediendo con la problemática de la tenencia de la tierra en diversos lugares del país.

Sobre OPINOA: “OPINOA surge con el fin de agrupar distintas provincias en una región” (Alex Frites). “De norte a sur, de este a oeste, el territorio está lleno de comunidades indígenas. A partir de la conformación de OPINOA, nosotros no estamos divididos, sino que es un reacomodamiento de la región para poder trabajar más de acuerdo” (Alicia Mónica Bertolani). El significado de la tierra y la situación que viven las comunidades indígenas.

Para las comunidades indígenas la tierra, el territorio, cobra una relevancia trascendental, de ahí se proveen su medicina, el agua, los frutos, gestionan el impacto de los vientos; la tierra da sentido a su manera de vivir. En palabras de Mónica, “por eso la Pachamama para nosotros es todo. El territorio comunitario es fundamental para nosotros. El territorio es nuestra vida. Tenemos hierbas para cuidarnos el hígado, las emociones; cuando tenemos una pérdida de un ser querido, nuestras hierbas nos ayudan a regular nuestro espíritu. Entonces, a partir de nuestro derecho, es que estamos intentando defender la tierra, para cuidarla y protegerla; porque sin ella no tenemos nada”.

Sobre la tierra, Alex Frites expresa: “Dicen que lo esencial es invisible a los ojos. En este caso, para los pueblos indígenas la tierra es lo esencial. Sin la tierra no tendríamos que comer, estaríamos en el aire. La Pacha es todo, es fundamental. Por eso, tenemos que cuidar y militar la tierra como ocurre en otros países, como por ejemplo en Ecuador y Bolivia, que han planteado a la tierra como sujeto de derecho”. Sin embargo, gran parte de las comunidades indígenas sufren continuos obstáculos que devienen en la negación de derechos para sus integrantes.

Sobre esta situación, Alicia Mónica Bertolani afirmó: “Vean ustedes lo que está pasando en Córdoba con respecto a los incendios. Se quema la tierra para deforestar y avanzar sobre ella. Cuando ellos ven que una tierra es apta para vivir, ahí es donde se produce ese acto. Ustedes fíjense que no se quema todas las veces en el mismo lugar, por eso es un negocio. Nuestro principal enemigo es el mismo hombre que tiene unas ambiciones desmedidas, que no le importa si dentro de unos años no va a tener agua, ni aire puro, lo importante es la plata y nada más”.

Mónica Bertolani también ilustra los conflictos en torno al reconocimiento de las tierras indígenas con una situación vivida en su comunidad. En Córdoba, en la zona de San Marcos Sierra, nos cuenta, existen grandes conflictos por este tema. “La provincia de Córdoba declaró reserva arqueológica a la zona del Quilpo, que comprende todo el territorio de San Marcos, todo el río Quilpo, Los Sauces y una cadena de montañas. Existe una ley que nos permite, desde el 2015, regular todo movimiento del suelo y toda modificación que se haga. Por ejemplo, la plaza central fue un cementerio indígena. Nosotros le dijimos a la municipalidad que había que pedir un acompañamiento y un estudio de impacto arqueológico para hacer modificaciones. El municipio hizo caso omiso a nuestro pedido y eso creó un conflicto tan serio que el intendente está imputado y puede ser condenado porque no se ajustó a las reglas de lo que debía ser. Él tenía que pedir el estudio de impacto arqueológico. Lo pidió después de un mes que comenzó la obra, entonces eso hizo que el juez Busto Fierro lo imputara y esto tiene que tener una pronta resolución”.

Finalmente, la referente de OPINOA en Córdoba también alerta que la “venta de terrenos ilegales es un problema muy serio para los habitantes de la comunidad. Nosotros siempre fuimos recolectores, criadores de ganado menor (cabras y ovejas). Y hoy todo el territorio está ocupado por gente que viene a instalarse a San Marcos, que al breve tiempo de haberse instalado se va porque no hay un trabajo genuino, no hay fuentes, no hay fábricas, no hay nada que permita vivir de eso. Entonces, ellos van, construyen su casa, modifican el territorio, construyen una pileta. Después de un tiempo, se dan cuenta que no pueden seguir viviendo ahí y ponen en venta, y así sucesivamente”. “Nosotros teníamos extensiones grandes de tierra para la cosecha. Nosotros hacemos harina de algarroba; café de mistol y de chañar; arrope de mistol, de chañar, de algarroba; y todo eso se fue quedando sin posibilidades de la gente de hacerlo por esa explosión demográfica que hubo, que no nos permite seguir esa vida”. “Desde una punta del pueblo hacia la otra, todo el pueblo atravesado tenía cabras. Ahora ya nadie tiene, o las tiene encerradas, las crían de otra forma con alfalfa, granos. Eso hace que se encarezca la manera de poder criarlas porque antes lo hacíamos en el monte. Por eso es que nosotros estamos reclamando la propiedad comunitaria, que el Estado se haga cargo de todo el daño que nos están haciendo. Por eso la Ley 26.160 también es fundamental para nosotros”.

Por su parte, Germán David, guaraní de la provincia de Jujuy, expresó: “Nosotros también fuimos invadidos por los ingenios azucareros, en parte también por la sojera y en parte por la tabacalera, que fueron quitándonos el territorio; y muchas veces quedamos encerrados, y muchas comunidades hoy están en la parte urbana”. La mirada sobre las comunidades Sobre la situación que viven las comunidades indígenas, del testimonio de lxs referentes surge que la problemática no es solamente la cuestión territorial sino también que haya una política pública para mejorar las cuestiones de salud y educación.

En este sentido, Alex cuenta que “venimos realizando propuestas de trabajo, como solicitar también que haya oficinas del Anses en las regiones más alejadas. Que se haga territorialidad. Nosotros tenemos en Buenos Aires un representante de OPINOA que nos hace las gestiones para no tener que estar viajando continuamente. Cada 60 días nos vemos las caras para planificar acciones, soluciones y propuestas ante los distintos organismos del Estado”. Asimismo, el referente de OPINOA explica que en Jujuy se creó la policía intercultural, “donde se generan ciertas condiciones para que los integrantes se reciban de policía y, a su vez, vuelvan a trabajar a cada comunidad. Uno lo podría ver como favorable, pero cuando se analiza la cuestión de fondo, es meter a un infiltrado para saber qué está haciendo cada comunidad”.

Otras de las cuestiones que aparecen en estas comunidades es la persecución tanto policial como judicial a referentes indígenas que legítimamente luchan por el tema de las tierras. La cuestión de fondo siempre son los intereses económicos que predominan en esos territorios. “En general, todos los referentes tienen una causa. Hace poco se hizo una caminata de la Quiaca a la capital de Jujuy. Y solo por llevar un cartel y pedir por el agua y la tierra, por caminar por el costado de la ruta, nos sancionaron. La historia nos dice que la Justicia está a favor de los que más dinero tienen”, agrega Alex Frites. “También nos pasa que tenemos gente imputada por invasión de tierra, Tenemos una compañera que, en su propia tierra, por no permitirle a un vecino el paso por su propia tierra, tiene una causa por no permitir un trabajo provincial que violaba su propio territorio”, señala Bertolani. “Nosotros comenzamos a pensar que en el mismo lugar donde vivíamos éramos todos familia, pero no se hablaba de comunidad, en ningún momento, practicamos la parte cultural y cuando se comenzó hablar de la cuestión indígena, de que teníamos derechos, de que nosotros podríamos conformarnos como comunidad y que pertenecíamos al pueblo guaraní, no ha sido difícil asumir nuestra identidad; lo que si un poco se fue perdiendo el idioma, porque nuestros mayores ya no querían trasmitirlo a la nueva generación porque ellos han sufrido mucho la discriminación, el sometimiento de la Iglesia, la escuela, la empresa que no querían que hablen el idioma, entonces era un grupito de mayores que se juntaban ellos a hablar el idioma; y cuando nosotros éramos chicos y nos acercábamos para escuchar, nos decían que nos retiremos, nos decían ‘no, ustedes no tienen que hablar esta lengua, tienen que hablar el castellano’, y entonces nos criamos en ese ambiente”, sostiene Germán David.

Sobre la relación con el Estado y el proyecto de ley de propiedad comunitaria Dice Alex Frites: “Hay derechos y obligaciones, el pueblo gobierna a través de sus representantes. La obligación, en este caso, de sancionar la ley de propiedad comunitaria es del Congreso de la Nación. En ese marco, OPINOA presentó un anteproyecto de propiedad comunitaria. El INAI también. Pero no se sancionan, porque evidentemente afecta a muchos intereses”. “El proyecto va en línea con lo que plantea la Constitución de la Nación. El Estado nacional tiene que darles a las comunidades un territorio. Y el proyecto de ley lo que plantea es que le den un ´papel´ que les diga que esa tierra es comunitaria y es de ellos, con una subdivisión de lo que ocupa cada integrante de esa comunidad”. “Por eso la importancia de nuestro acampe y de la solicitud de la prórroga de la Ley 26.160 y de la sanción de una ley de propiedad comunitaria”.

“Y, en este sentido, ante la pregunta de si las comunidades están en favor del desarrollo, esa no es la cuestión. Si no estuviéramos a favor del desarrollo, estaríamos yendo en contra de nosotros mismos. La profundidad que tienen las comunidades en cuanto a cosmovisión y la medicina tiene que ver con el análisis, con la investigación. Pero lo que se quiere es que lo hagamos de manera conjunta, que se plantee el avance tecnológico de la mejor manera, cuidando lo que nosotros llamamos la Pachamama”.

Agrega Alicia: “Para nosotros fue muy fundamental la creación del INAI, porque eso nos dio la visión que necesitábamos. O sea, tener personería jurídica, que este organismo nos reconozca como una comunidad, nos dio una herramienta para trabajar. A partir de ahí, estamos buscando una herramienta para cuidar la tierra”.

La Ley 26.160 y el relevamiento catastral Señala Alex Frites: “A nivel nacional, el relevamiento catastral, en el marco de la ley 26.160, se realizó en un 44 %, aproximadamente. Hasta el 2015 hubo un avance, pero en ese tema después no se logró continuar. Si bien es cierto que en el 2017 se hizo una prórroga que nuevamente se vence el 23 de noviembre, no se avanzó.

Respecto a estos últimos dos años, supongo que es por la pandemia que no se hizo hasta la fecha”. “OPINOA participa de los relevamientos; justamente hace poco se hicieron algunos en Santiago del Estero. A principios de este año, se entregaron algunas carpetas técnicas en Jujuy también, a través del CPI (Consejo de Participación Indígena) del pueblo de Humahuaca, que es el que participa siempre. Asimismo, están los presidentes de cada comunidad, porque la desconfianza siempre está. La historia nos demuestra que nos han hecho pisar el palito tanto el Estado provincial como el nacional. Por eso la participación de OPINOA es fundamental”. Y agrega: “La importancia de la ley es que todos los días se avanza sobre los territorios comunitarios. Las empresas privadas, no se sabe bien cómo, avanzan sin el consentimiento de las comunidades. En la Provincia de Jujuy tenemos la Ley 5.915, que faculta al gobierno a no dar cumplimiento con la Ley 24.071, que aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes. Lo vemos también en la Patagonia”. “Asimismo, el gobierno provincial tiene todas las cartas en sus manos. Y si las comunidades no ceden o no firman el consentimiento que plantea el Convenio 169, se crean otras comunidades paralelas que dividen a la gente. Esa es la realidad. También se impulsa a que se generen inversiones extranjeras expropiando tierras comunitarias, y las ganancias ni siquiera quedan para la provincia. También existen otros conflictos que preocupan, como el avance minero”

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