Presidencia de la Nación

Discriminación en el acceso a la justicia ambiental, el caso de pueblos vulnerados por fumigaciones con agroquímicos en el partido de Pergamino de la provincia de Buenos Aires


Por Juan Ignacio Moreno

“Todo lo que pase en este mundo hoy,

depende del valor de salir a luchar.”

Attaque 77: Última Generación [2016]

Descargá y leé el sexto número: Discriminación ambiental y Racismo

Ambiente y acceso a la justicia

Las problemáticas ambientales se visibilizan a través del clamor social por el derecho humano a un ambiente sano. A este fin, resulta necesario analizar el marco jurídico que garantiza el reclamo de este derecho en vías administrativas como judiciales.

Ante un reclamo por una vulneración sobre el ambiente contamos con un marco regulatorio que establece una obligación estatal tanto a nivel nacional, provincial como municipal a través del artículo 41 de la Constitución Nacional. Dicho artículo establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, donde las actividades humanas no pueden comprometer a las generaciones futuras y a su vez el artículo determina explícitamente que el Estado debe proteger este derecho.

Continuando con el marco protectorio del ambiente, nos encontramos con la Ley General de Ambiente Nacional n°25675 que establece los principios de una política ambiental. Entre estos principios se encuentra el preventivo que busca prevenir aquellas causas y fuentes que generen efectos negativos sobre el ambiente y el principio precautorio que actúa ante la falta de información o certeza sobre una causa que pudiera generar un daño sobre el ambiente, buscando protegerlo.

En particular sobre el acceso a la justicia el artículo 14 de la Constitución Nacional determina que todos los habitantes tienen derecho a peticionar a las autoridades. Esto es un claro reconocimiento a que el Estado garantice el acceso a la justicia.

En síntesis, el acceso a la justicia puede entenderse como la garantía de igualdad de oportunidades para acceder a instituciones como órganos o poderes del Estado que tengan como fin generar, aplicar o interpretar leyes. Es así como el ejercicio de derechos civiles y políticos requieren de un cierto nivel de vida digna (Almirón, 2014).

A continuación, se desarrollará brevemente el enfoque en derechos humanos para que resulte como fundamento sobre los reclamos de las poblaciones afectadas por fumigaciones.

Enfoque en derechos humanos

Los derechos humanos son entendidos como universales, indivisibles, interdependientes, irrenunciables y progresivos en su desarrollo.

La universalidad significa que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, es decir, que los seres humanos por su condición humana son titulares de estos derechos (Nikken, 1994). Allí reside el carácter de irrenunciables ya que al ser derechos que son parte de los seres humanos e inalienables no pueden ser renunciados.

La indivisibilidad implica que los derechos humanos tienen que concebirse en conjunto como una misma unidad y no de manera separada, aunque cada derecho tenga su propia particularidad jurídica (Salvioli, 2016). En cuanto a la interdependencia se refiere a que el ejercicio de cada derecho se convierte en imprescindible para el disfrute pleno del resto de los derechos (Salvioli, 2016).

Respecto a la progresividad de los derechos consiste en comprender que estos constantemente se encuentran en expansión y los Estados reconocen de manera progresiva derechos que son inherentes a las personas (Salvioli, 2016).

Pensemos que estos principios nos permiten analizar la protección del ambiente de una forma integral. Es decir que conforme la Opinión Consultiva 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la afectación del derecho humano a un ambiente sano repercute negativamente sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos por la interdependencia del ambiente con el resto de los derechos. La vulneración sobre el espacio en el cual viven los seres humanos va a impactar para el goce del resto de los derechos.

El paradigma de la agricultura industrial

Tras esta introducción se buscará analizar las consecuencias de las fumigaciones sobre el derecho humano a un ambiente sano y en particular sobre la causa “Cortese”.

Para analizar el caso de las fumigaciones en Pergamino y cómo se vulneró el acceso a la justicia a través de discriminación sobre las personas denunciantes, es necesario explicar en qué consiste la agricultura industrial que genera consecuencias sobre la salud humana.

El modelo de agricultura industrial implica el uso de insumos químicos como agroquímicos para combatir plagas y malezas, fertilizantes para acelerar los procesos de producción, semillas genéticamente modificadas y la técnica del monocultivo que ha comenzado a desarrollarse en la Argentina durante la década de los´90. (Pengue, 2004)

Mediante este sistema productivo se incrementó el rendimiento en la producción de alimentos, pero se generó una dependencia en el uso de estos insumos químicos. Respecto al monocultivo generó que se intensificara la producción del commodity de la soja ocasionando una mayor utilización del glifosato.

Esta agricultura, que se ha consolidado en la Argentina, utiliza el agroquímico conocido como glifosato sin importar que el mismo es considerado como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A continuación, se analizará el caso de las fumigaciones con agroquímicos a través de hechos significativos del reclamo judicial y sucesos de discriminación que sufrieron los pueblos fumigados en el Partido de Pergamino de la Provincia de Buenos Aires. Para esto se desarrolló una entrevista telefónica el día 3 de mayo de 2022 con Sabrina Ortiz, abogada y damnificada por las fumigaciones en la localidad de Villa Alicia, partido de Pergamino de la Provincia de Buenos Aires.

Discriminación en el acceso a la justicia de Pergamino

En la provincia de Buenos Aires los municipios, conforme al art.16 de la ley provincial de agroquímicos n°10.699, tienen la facultad de ejercer el poder de policía para restringir las consecuencias de las fumigaciones terrestres como aéreas. A pesar de contar con una normativa protectoria para la salud de las poblaciones rurales distintos municipios omiten esta obligación generando consecuencias en la salud de los pueblos fumigados.

Uno de estos casos ha sido el Partido de Pergamino. La realidad de esta ciudad es muy compleja ya que las empresas, según lo manifestaba la abogada Sabrina Ortiz durante la entrevista, han generado un gran lobby en la economía de Pergamino. Este lobby se ve en inversiones de la empresa Bayer en campañas para recaudar fondos por enfermedades oncológicas. A pesar de este pseudo accionar social de multinacionales, las prácticas que promueve su agricultura industrial son las que ocasionan incrementos de enfermedades oncológicas en zonas fumigadas. De hecho, en un barrio de Pergamino se han detectado 48 casos de cáncer en zonas fumigadas.

Cabe destacar que el partido de Pergamino es considerado el núcleo sojero del norte de la provincia de Buenos Aires. Además, las personas que denuncian las fumigaciones sufren intimidaciones de los propios productores como ha sucedido en la causa “Cortese”.

Ante tal contexto social, resulta trascendental visibilizar la historia de lucha de Sabrina Ortiz frente al Estado Municipal y los distintos órganos judiciales. Abordar los obstáculos que sufrió Sabrina para acceder a la justicia ante un reclamo por el derecho humano a un ambiente sano y la salud.

Sabrina Ortiz en el año 2011 fue víctima de las fumigaciones en su propia vivienda cuya consecuencia le ocasionó la pérdida de un embarazo y enfermedades oncológicas en sus hijos menores de edad. Luego de este hecho, Sabrina inició reclamos ante el municipio como en la justicia provincial. Para eso ella concurría a la Secretaría de Salud del Municipio con estudios médicos sobre las consecuencias de las afectaciones de las fumigaciones en sus hijos y en su propio cuerpo. En reiteradas oportunidades a Sabrina se le negó comunicarse con funcionares del Municipio para obtener una respuesta sobre el daño que había sufrido por las fumigaciones. Además de esta negativa, se presentaba un destrato hacia Sabrina que quedaba esperando por horas y le respondían que los funcionarios no se encontraban disponibles, los cuales se retiraban por otras salidas para no recibirla. Esto exhibe como se discriminaba a una madre que buscaba ser escuchada por una problemática ambiental y solo recibía negativas.

Este reclamo individual se presentó ante la justicia bonaerense con toda la documentación que integraba esa carpeta con estudios médicos. La justicia bonaerense tampoco garantizó el acceso a la justicia ambiental ya que durante meses la causa iniciada por Sabrina Ortiz tenía solamente el reclamo que ella había presentado, mientras que la justicia no había realizado ninguna medida para investigar el hecho de la contaminación por fumigaciones.

Tras estos intentos por vías administrativas como judiciales, Sabrina recurrió a difundir su historia a través de medios de comunicación de Pergamino. Luego que Sabrina fuera entrevistada por un medio local concurrió al Municipio pidiendo explicaciones y se encontró al intendente, con quien quiso hablar, a lo cual él respondió que ella había denunciado en la radio y que no tenía nada que hablar con ella.

Otro hecho que implicó discriminación está dado por el poder mediático en el Partido de Pergamino que, conforme a lo dialogado con Sabrina Ortiz, medios radiales desprestigiaron su testimonio, poniendo en duda los estudios médicos que había presentado ydesacreditando el daño que habían ocasionado las fumigaciones con agroquímicos.

Estos medios de comunicación de Pergamino en plena defensa de un modelo productivo contaminante manifestaron que “hasta una mujer embarazada podría utilizar los agroquímicos en el jardín de su casa con lo seguro que eran” en un claro mensaje de discriminación e intimidante hacia la persona de Sabrina Ortiz.

También ciertos medios de comunicación fomentaron un estereotipo sobre los reclamos al desacreditar a los ambientalistas como actores que cazaban a los que trabajan en el campo y así deslegitimar el clamor social.

Por su parte los medios de comunicación gráficos que realizaban entrevistas con distintos actores sobre el tema de fumigaciones, cuando mencionaban el testimonio de Sabrina Ortiz en el pie de página la presentaban como la “vecina de Villa Alicia” sin reconocer que es abogada, siendo justamente ella la abogada que inició uno de los reclamos ambientales más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires.

A raíz de ser víctima de fumigaciones y de los obstáculos para el acceso a la justicia, Sabrina decidió estudiar la carrera de abogacía para contar con la herramienta que le permitiera emprender esta lucha por un derecho humano a la salud tanto por ella y su familia como por sus vecinos. Es así como en el año 2018, la abogada Sabrina Ortiz presenta una demanda contra un grupo de productores de Pergamino, entre ellos Fernando Cortese, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de San Nicolás por las consecuencias de las fumigaciones.

En este largo recorrido judicial fue este Juzgado Federal quien por primera vez demostró una preocupación respecto a las consecuencias de las fumigaciones. En el mes de abril de 2019, tras haberse solicitado una medida cautelar para fijar límites a las fumigaciones y reducir el impacto negativo de esta práctica el Juzgado Federal estableció un límite a las fumigaciones por vía terrestre a 600 metros respecto a las viviendas de los demandantes.

Los demandantes, entre ellos la abogada Sabrina Ortiz, acompañaron pruebas contundentes sobre el impacto de las fumigaciones en Pergamino. Entre ellas se destaca el estudio sobre el agua que consumía la población de Pergamino que mediante los análisis de especialistas del CONICET y el INTA Balcarce se detectó la presencia de 18 moléculas de agroquímicos en el agua. Pero el interés empresarial agropecuario es tan visible que la autoridad del agua de la provincia de Buenos Aires, en abril del año 2019, cuestionó el resultado y rigor de esta prueba pericial por lo cual el Juez Villafuerte Ruzo, del Juzgado Federal, solicitó al equipo toxicológico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizar un análisis del agua de Pergamino con nuevas muestras. El nuevo estudio confirmó la presencia de 18 moléculas de agroquímicos en el agua de Pergamino. Ante estos resultados la justicia federal le exigió al municipio distribuir agua mineral en las localidades más afectadas por esta contaminación en el agua que consumían los vecinos del barrio Villa Alicia.

A través de estos resultados, en agosto del 2019, y tras comprobarse que los hijos de Sabrina Ortiz habían sufrido un daño genético debido a las fumigaciones se dispuso ampliar aquella medida cautelar del mes de abril de 600 metros para fumigaciones terrestres a 1095 metros y la exclusión de 3000 metros para las aéreas. También se ordenó la suspensión de la autorización de aplicaciones futuras en Pergamino. Se puede dimensionar el valor de esta resolución judicial al considerar que la ordenanza municipal de Pergamino 8126/14 en su art.6 solo disponía una exclusión para fumigaciones de 100 metros del área urbana.

A pesar de esta medida protectoria para la salud de los habitantes de Pergamino el gobierno municipal decidió acompañar los intereses de las multinacionales omitiendo estas pruebas tan visibles respecto al daño de los agroquímicos en la salud humana. La causa de los gobernantes tiene que ser la del pueblo y no el interés económico de una minoría empresarial por sobre el derecho humano a la salud.

Así es como el municipio en primer lugar buscó pelearle la competencia al juzgado federal siendo desestimada su pretensión por una Cámara Federal de Santa Fe y luego intentó cambiar su posición solicitando ser querellante de la causa. Ante este último intento contradictorio del gobierno municipal, en octubre del 2019, la Cámara Federal de Rosario rechazó su pretensión entendiendo que el municipio como persona jurídica de carácter público no podría ser imputado en la causa, pero se denotaba una presunta responsabilidad de funcionarios del municipio por no ejercer el poder de policía sobre las fumigaciones.

Igualmente, a pesar de contar con una medida que restringía la aplicación de los agroquímicos un ingeniero agrónomo y un aplicador violaron los límites de la cautelar y fumigaron a 90 metros de viviendas familiar como de establecimientos educativos. Ante este hecho una comitiva del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal detuvo a estos dos sujetos por violar las medidas precautorias. El municipio nuevamente omitió el poder de policía y fue la justicia quien actuó en protección de la salud de los habitantes de Pergamino.

Ante esta situación, continuó el rol proactivo de la justicia federal ya que se allanaron un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Villa Alicia y el Hospital Interzonal General de Agudos “San José”. Bajo esta diligencia efectuada por la policía federal se obtuvo historias clínicas y constancias de familias afectadas por la contaminación del agua en los barrios Villa Alicia, Luard Kayard y La Guarida dependientes de la localidad de Pergamino. Además, la justicia federal ante la violación de la cautelar dispuso una línea telefónica para recibir denuncias sobre fumigaciones que no respetaran los 1095 metros por vía terrestres ni los 3000 metros vía aéreos.

Durante el año 2020, se procesaron a dos funcionarios del gobierno municipal de Pergamino por omisión de los deberes de funcionario público debido al incumplimiento en el ejercicio del poder de policía en sus respectivas competencias sobre la falta de control de límites de fumigaciones establecidas en agosto de 2019.

Luego en el mes de agosto de 2020, a un año de la medida cautelar que estableció límites en las fumigaciones, un estudio sobre el agua de Pergamino realizado por la ingeniera Virginia Aparicio del INTA Balcarce, constató que se había reducido en un 50% la presencia de moléculas de agroquímicos en el agua. Por lo tanto, la cautelar había resultado eficaz para proteger la salud de los habitantes de Pergamino.

Por último, la justicia federal le exigió al gobierno municipal que restableciera la provisión de agua mineral a los barrios afectados por la contaminación de agua con agroquímicos. En este caso se aprecia cómo el Estado Municipal no cumple el deber de respetar el ejercicio del derecho a la salud exponiendo a los vecinos de Pergamino a ingerir agua contaminada.

En el mes de mayo del 2022, la Fiscalía Federal de San Nicolás solicitó elevar a juicio la investigación sobre los funcionarios del Municipio de Ambiente por incumplir los deberes de funcionario público ya que por omisión permitieron la fumigación de agroquímicos en campos lindantes a zona urbana. Ante la falta de ejercicio del poder de policía, en el período 2015-2019, por parte de autoridades municipales no se controlaron las fumigaciones cercanas a zonas urbanas que violaban el Decreto Municipal N° 8126/2014. Otro hecho que denota los obstáculos dispuestos por el gobierno municipal frente al daño en la salud de los pueblos vulnerados por estas fumigaciones.

Reflexiones finales

La problemática de las fumigaciones repercute sobre los sectores más vulnerables y que resultan ser los propios vecinos de estos campos. En este sentido, es dable recordar las palabras del Dr. Carrasco (2014) que entendía al problema de los agroquímicos como un problema político que necesita de un Estado presente que proteja la salud de los pueblos fumigados.

Durante este artículo se pudo observar cómo ésta cuestión es un problema político en el partido de Pergamino. Obstáculos por parte del gobierno municipal, la justicia bonaerense y el sector mediático para que una persona vulnerada por las fumigaciones pudiera acceder a la justicia. Una discriminación sobre actores que reclaman por el daño ambiental de un modelo productivo que envenena y enferma.

La hora de los pueblos fumigados ha llegado y requieren ser escuchados por los gobiernos municipales quienes conocen de manera más cercana esta problemática. Las luchas por el derecho humano a la salud frente a un modelo de agricultura contaminante han tenido un gran paso en la justicia federal y los Estados tendrán que estar a la altura en compensar los daños y garantizar el ejercicio y el disfrute del derecho humano a un ambiente sano.

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