Presidencia de la Nación

Desigualdad socio territorial, mercados inmobiliarios y políticas públicas


Eduardo Reese (Instituto del Conurbano - Universidad Nacional de General Sarmiento - Asociación Civil Madre Tierra)

Descargá y leé el quinto número completo: Desigualdad territorial, hábitat y derecho a la vivienda

La desigualdad es uno de los componentes estructurales de la conformación de nuestras sociedades. El carácter autoritario y jerárquico del proceso colonizador en América latina fue cambiando de actorxs y características con el tiempo, pero mantuvo su objetivo original durante las diferentes etapas de desarrollo: beneficiar, salvo en limitados períodos, a los sectores minoritarios de alta renta que, además, tienen la capacidad política para asegurar la expansión de sus privilegios en constante articulación con diferentes políticas.

En ese marco, las asimetrías en el acceso al suelo y a un hábitat digno fueron siempre un elemento clave para garantizar las múltiples formas de exclusión hasta hoy existentes y, con ello, la reproducción del patrón de distribución injusta de derechos y de bienes y recursos.

La construcción de políticas territoriales funcionales a ese modelo, se consolida a través de las decisiones que se ejecutan cotidianamente y que son producto de la relación entre los mecanismos especulativos de los mercados inmobiliarios y la débil capacidad de intervención que tienen las inadecuadas políticas públicas. Por ello, las restricciones al acceso a un hábitat adecuado se han constituido en uno de los déficits sociales más expandidos y estructurales que padece América Latina en general y la Argentina en particular.

Más allá de las diferencias regionales de la Argentina, las dificultades de acceso a un hábitat digno son generalizadas porque son producto directo de una forma específica de desarrollo que entiende que la tierra y la vivienda son solo pura mercancía y que nuestros pueblos y ciudades no son otra cosa que la sumatoria simple de propietarios individuales. La evidencia empírica es el lento pero persistente aumento del déficit habitacional argentino desde hace 60 años (y que hoy se ubica en algo más de 3 millones de hogares), el relevamiento de más de 4.400 barrios populares por parte del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) (con cerca de 4 millones de personas en 2018) y la enorme magnitud que tienen actualmente los mercados informales de suelo.

La extensión y persistencia de la falta de equipamientos urbanos básicos, de condiciones inadecuadas de las viviendas, de la reducida y diferencial cobertura de servicios, de la degradación de los espacios colectivos y de los obstáculos para acceder a tierra urbana y rural evidencian el carácter estructural de la situación y, por lo tanto, de sus soluciones. El resultado de estos procesos, cada vez más alejados de los principios fundamentales de los derechos humanos, es la conformación de territorios (urbanos y rurales) ambientalmente insustentables y socialmente excluyentes.

¿Como se traduce la desigualdad socio territorial en situaciones de discriminación?

En primer lugar es importante señalar que el producto resultante de la desigualdad estructural señalada es la conformación de una ciudad segregada ó dualizada. Sin entrar aquí en una discusión semántica, estamos refiriendo a una ciudad que se ordena según patrones de marginación, exclusión y/o discriminación de personas o grupos por muy diferentes motivos (sociales, étnicos, culturales, etc.). Es decir, una ciudad en la que solo aquellas familias que reúnen determinadas características y mayores recursos residen en las mejores zonas (las de mejor localización relativa, calidad ambiental, accesibilidad, prestigio, etc.).

Para ejemplificar muy rápidamente, observemos el caso del principal centro urbano del país que es el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde sus inicios, ésta se conformó de una manera muy desigual: todos los indicadores muestran que gran parte de la población de la ciudad capital (CABA) presenta niveles de calidad de vida y acceso a equipamientos sociales y servicios muy superiores al promedio de las familias de los municipios del Conurbano bonaerense. Al mismo tiempo, dentro de este, también se observan áreas y barrios con agudos contrastes. Esto es relevante para comprender por qué, durante la actual crisis socio sanitaria, las familias del AMBA tuvieron, según donde y en que condiciones vivían, muy dispares condiciones sociales y materiales para enfrentar los profundos impactos que provocaron, tanto la pandemia como el aislamiento social, utilizado como método preventivo de contagio de la población.

A su vez, el amplio conjunto de lo que se conoce genéricamente como barrios populares (villas, asentamientos, barriadas, muchos de los conjuntos habitacionales de financiamiento público, etc.) solo pueden localizarse, en sectores con graves limitaciones urbanísticas (inaccesibilidad, falta de trasporte público, etc.) y/o riesgos ambientales (anegamiento, contaminación, etc.). En otras palabras: las tierras que ocupan los hogares de menores recursos son aquellas que no forman parte de los intereses del mercado inmobiliario y, por lo tanto, no se encuentran “integradas” a la ciudad. Si volvemos al ejemplo de los municipios del conurbano, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) muestra, en sus registros de los últimos años, que los riesgos de contaminación ambiental afectan a una cantidad apreciable de familias: el 8% de ellas reside a 3 cuadras o menos de un basural y, el 19%, en áreas con alto riesgo de anegamiento e inundación. Esto tiene otra derivación: estas son las áreas con mayor proliferación de roedores y otros vectores de enfermedades.

En segundo lugar, las familias que viven en un barrio popular tienen un bajo nivel de calidad de vida y están expuestas a continuos y diversos riesgos de salud y de seguridad que responden a distintas causas como el déficit en el acceso a redes de infraestructura (agua, cloacas, electricidad, gas), de servicios (conectividad, comunicaciones, transporte, cajeros automáticos, etc.) y equipamientos urbanos (escuelas, centros de atención primaria de la salud, guarderías, espacios verdes y de recreación, entre otros).

De acuerdo a datos proporcionados por el RENABAP, en 2018 una ínfima cantidad de barrios populares del conurbano tenía algún tipo de conexión cloacal (en general clandestina) y un 78% tenía acceso a agua en el domicilio (el 44% por bomba de agua de pozo y el 34% con conexión irregular a red pública de agua corriente). A su vez, el 60% de los asentamientos tenía una conexión irregular a la red pública de electricidad y el 97% usaba predominantemente garrafas de gas licuado envasado (GLP) como energía para cocinar. Estos datos son elocuentes para explicar tanto la alta incidencia que tienen las enfermedades respiratorias y gastrointestinales como la vulnerabilidad de lxs habitantes de los barrios populares a los accidentes y muertes por electrocución e incendios.

En tercer lugar, las limitaciones de acceso a una vivienda adecuada tiene, como consecuencia, múltiples impactos. Analicemos a continuación algunos de ellos con el auxilio de las cifras oficiales para el conurbano:

  • Según la EPH, los municipios metropolitanos tenían, durante la pandemia, casi el 26% de sus hogares (cerca de 950.000 familias) residiendo en viviendas construidas con materiales de calidad insuficiente y parcialmente insuficiente. Esto tiene como consecuencia que la vivienda pierde su condición básica de protección y abrigo frente al frío, el calor, las lluvias o la humedad.

  • A su vez, el 11,1% de los hogares sufría problemas de hacinamiento (entre 2 y 3 personas por cuanto) y un 6,7% más presentaba hacinamiento crítico (más de 3 personas por cuarto). Con estas condiciones, para las familias pobres se hizo inviable un distanciamiento físico como el que se propuso como medida de protección.

En cuanto lugar, es necesario señalar también otras graves formas de exclusión y discriminación en relación al hábitat:

  • Las familias de los barrios populares no pueden indicar, en muchos casos, su lugar de residencia en diversos trámites y, especialmente, en las búsquedas laborales, por fundados temores a ser rechazadas.

  • La estigmatización de los barrios populares como “zonas rojas” ó violentas es reiterado motivo para que algunos servicios públicos (como ambulancias, remises, etc.) se nieguen a cumplir con sus prestaciones obligatorias y para que las fuerzas de seguridad comentan abusos contra lxs habitantes.

  • En la medida que los alquileres son de carácter informal, las personas y familias inquilinas sufren graves violaciones a sus derechos y suelen ser víctimas recurrentes de desalojos violentos.

  • La población de las barriadas también sufre serios obstáculos para el acceso a los mecanismos de la justicia.

Por último, las formas de propiedad inmueble ligadas al hábitat, han sido también un dispositivo que define la pertenencia de clase social de lxs propietarios privados de aqullxs que no lo son. En nuestras sociedades, claramente patrimonialistas, ser propietario de un inmueble cumple la función de “pasaporte” de entrada a un sector social que detenta mayores derechos y privilegios. De tal manera, la propiedad privada ha sido una herramienta clave en el ordenamiento y jerarquización social de nuestros países. Pero si la propiedad es básicamente una relación social y jurídica, entonces las políticas públicas tienen la posibilidad y la obligación de intervenir para evitar las asimetrías y asegurar la mayor igualdad.

¿Qué significa, entonces, integración socio urbana?

En los últimos años la noción de integración socio urbana ha empezado a formar parte del discurso público. Precedida por debates locales e internacionales, se estableció por primera vez como derecho colectivo en la Argentina, en la ley de Acceso Justo al Hábitat (LAJH) (art 26 y siguientes) elaborada por un amplio colectivo de organizaciones sociales y aprobada a fines de 2012 en la Provincia de Buenos Aires. Posteriormente, formó parte del cuerpo de la Ley 27.453 y su modificatoria, en la cual se estableció el "Régimen de regularización dominial para la integración socio-urbana" de las comunidades que habían sido incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares. Estos avances son resultado de largos años de lucha de muy diversas organizaciones, en un contexto de creciente disputa por la tierra y la vivienda.

Desde un abordaje de derechos humanos, integración supone igualación. El igualitarismo es un principio central de los derechos humanos. Las políticas y proyectos integran, cuando las condiciones de vida en los barrios populares se igualan con las del resto de la ciudad. En otras palabras, la integración es plena cuando las familias de los barrios populares alcanzan las mismas oportunidades, estándares de vida y derechos políticos, civiles, económicos, ambientales y sociales que el resto de la sociedad. De tal forma, las políticas de integración orientadas a alcanzar un hábitat digno para todos los sectores deben ser parte indisoluble de políticas y programas de desarrollo justo.

Para avanzar en este camino, solo señalaremos aquí (sin entrar en detalles) los principios rectores de la LAJH que, desde nuestro punto de vista, indican con claridad la trayectoria que deben seguir las políticas de hábitat con perspectiva de derechos:

  • El derecho a un hábitat digno es un derecho humano superador del derecho individual a la vivienda. Es un derecho integrador y colectivo al mismo tiempo, que abarca el acceso universal a la tierra, la vivienda, las infraestructuras básicas, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto y valoración de los rasgos culturales y simbólicos de cada comunidad y de la sostenibilidad ambiental. En otras palabras: tener una casa no basta si no se construyen ciudades y entornos inclusivos, democráticos y sustentables.

  • La función social de la ciudad y de la propiedad prioriza el interés público y colectivo sobre el privado e individual para garantizar el acceso y uso equitativo de bienes, servicios y oportunidades que ofrece la ciudad. Es un principio que tiene la finalidad de regular el derecho de propiedad a los efectos que el uso que se haga de ella no sea perjudicial para el interés colectivo. Así, pretende armonizar la propiedad privada con el interés social de manera que el acceso a un hábitat digno no esté determinado únicamente por los intereses particulares y el funcionamiento del mercado. Para ello, es necesario un Estado que decide intervenir en los mecanismos del funcionamiento de los mercados inmobiliarios.

  • Como dice la propia ley, “la gestión democrática de la ciudad se entiende como un proceso de toma de decisiones que asegure la participación activa, protagónica, deliberante y autogestionada de la comunidad en general y de los ciudadanos en particular y, en especial, de las organizaciones o asociaciones civiles que fomenten el acceso al hábitat y a la vivienda”.

  • La distribución justa de los costos y beneficios de la urbanización se establece como un mecanismo para poder asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de los derechos colectivos. Todos los derechos requieren un Estado que obtenga recursos (en efectivo vía recaudación, en tierra y/o en servicios u obras para la comunidad) y los distribuya de manera justa y a través de una aplicación efectiva. Así, el urbanismo, entendido como una función pública es una herramienta poderosa para promover procesos de redistribución social.

Scroll hacia arriba