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Derecho a la ciudad: sobre la discriminación y las violencias hacia las personas en situación en calle


Por M. Betania Longhi

Descargá y leé el quinto número completo: Desigualdad territorial, hábitat y derecho a la vivienda

Resumen

Este artículo propone presentar un acercamiento a la problemática de la discriminación y las violecias que padecen las personas en situación de calle a través del paradigma del derecho a ciudad, perspectiva adoptada por los movimientos sociales latinoamericanos y argentinos que permite fortalecer la integralidad en el abordaje de esta situación interpretándola en clave urbanística, del derecho al habitat, y vinculándola con las problemáticas de la desigualdad territorial y la vulneración estructural de los derechos humanos.

También se ofrecerá un breve diagnóstico sobre la discriminación y las violencias hacia las personas en situación de calle analizando la información relevada por los Foros Regionales impulsados por el INADI en el marco de la elaboración del nuevo Plan Nacional contra la Discriminación, por el primer informe del Registro Único de Violencias (RUV) hacia las personas en situación de calle y por los dos Censos Populares de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de estarlo, enmarcando las vulneraciones vivenciadas en el incumplimiento del derecho a la ciudad.

Introducción

Desde las últimas décadas del siglo XX, especialmente a partir de los 70, la población de la Argentina atravesó un proceso de reconcentración urbana consecuente con las políticas de desindustrialización y el aumento del desempleo (Piccinini, 2015, pp. 15-19).

La expansión de las ciudades, tanto en Argentina como en el mundo, ha tendido a la profundización de la desigualdad: a la segregación socio-espacial, al déficit habitacional, al aumento de la contaminación y de la congestión del transporte, solo por nombrar algunas de las problemáticas socio-ambientales urbanas más visibles (ONU 2016; Clichevsky, 2002, pp. 5-6).

Si bien el Informe presentado por la República Argentina para la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, conocida como Río +10, afirmaba que “No es casual que los sectores más pobres de la población sean los que sufren las peores condiciones de calidad de vida, y sean los más agredidos por la contaminación y otras externalidades negativas de un desarrollo no sustentable” (Argentina, 2001, p.202), las políticas nacionales de control e inversión en infraestructura habitacional no se focalizaron en el rápido crecimiento demográfico, en la problemática de la profundización de la pobreza, ni en los intereses del mercado de tierras, tres factores que determinan considerablemente la (in)accesibilidad de la población al suelo urbano, a la vivienda adecuada (Clichevsky, 2002, pp. 12-14, 16-17 y 37). Su resultado, el progresivo y sistemático aumento de los desafíos habitacionales, ha vuelto patente el vínculo ineludible que existe entre el acceso al hábitat digno y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

Según datos del INDEC (2010), el 91% de la población de la Argentina se concentra en ciudades, y el 25,4% de estos hogares posee algún tipo de déficit (cualitativo y/o cuantitativo). A esta situación, se agrega que un 15% no tiene acceso a agua potable y más del 40% no cuenta con redes de cloaca (CIPECC, 2018, p.5).

El déficit habitacional, sustentado en la concentración del capital y su “inversión” especulativa, y atravesado por la desigualdad de género y el racismo estructural, vuelve a las ciudades verdaderos y peligrosos escenarios de erosión de los derechos humanos. Es por ello que, para lograr un futuro en el que todas las personas puedan gozar en igualdad de sus derechos y acceder a los beneficios/oportunidades que brindan las ciudades en su integralidad, es preciso reconsiderar los sistemas, las formas y las políticas urbanas.

En este marco de interpretación, el reto de los Estados en materia de hábitat y vivienda puede ser considerado como doble: por un lado, el desarrollo de las ciudades y centros urbanos desde un paradigma de hábitat digno y sustentable, y por el otro, el diseño e implementación de políticas contra la discriminación que incluyan la defensa del derecho a la ciudad; pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del derecho a la ciudad?

Derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad es un paradigma, un modo de comprensión de la experiencia de vida en los conglomerados urbanos que parte del análisis y la crítica de los modos de producción y reproducción de y en las ciudades contemporáneas para, desde allí, exigir el derecho a la ciudad en tanto proyecto urbanístico distinto, centrado en la comprensión y reconstrucción de las ciudades como espacios de fortalecimiento y desarrollo de vínculos sociales solidarios, igualitarios y garantes de los derechos humanos para todos y todas, especialmente para aquellos grupos históricamente vulnerabilizados (Carrión, Dammert-Guardia, et al. 2019, 7-12). Gran parte de su formulación es iniciativa de organizaciones sociales, gremiales y académicas de todo el mundo, quienes -además- han impulsado y participado en la elaboración de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, instancia fundamental en el proceso de reconocimiento de esta perspectiva:

El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes (Foro Social, 2005).

Desde esta paradigma, la situación de calle puede ser considerada como una de las formas más extremas de vulnerabilización social. Sin dudas, la forma más visible (y naturalizada) de la vulneración al derecho a la ciudad.

La falta de acceso a derechos básicos que afecta a las personas en situación de calle trasciende la vivienda digna, e incluye la afectación de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a los bienes y servicios públicos como el agua, la electricidad o el gas, a una vida sin violencias y discriminación, entre otros, que la vuelven una problemática específica que requiere atención y ejecución de políticas públicas urgentes, focalizadas e integrales.

Como se señala en la Carta Mundial, existen diferentes legislaciones nacionales e instrumentos internacionales, como la Nueva Agenda Urbana (NUA, por sus siglas en inglés), que ofrecen el marco normativo suficiente para propender al diseño e implementación de las políticas públicas necesarias para reparar y garantizar el derecho a la ciudad.

En materia de situación de calle y familias sin techo, Proyecto 7 - Gente en situación de calle, junto a otras organizaciones sociales, diputados y diputadas, elaboró un proyecto de ley nacional que justamente busca garantizar y hacer operativos de modo integral los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina. El proyecto fue presentado sin éxito en Noviembre 2014 y en Septiembre del 2016.

Luego de la experiencia de dos Censos Populares de Personas en Situación de Calle y en Riesgo de estarlo, que generaron un evidente impacto social y mediático sobre el tema, durante este año el proyecto volvió a presentarse. Finalmente, en la sesión del 9 de diciembre de 2021, el proyecto no solo fue tratado sino que, con una amplia mayoría, la Cámara de Senadores de la Nación le dio su justa aprobación.

En Argentina, el espíritu de este derecho ya se encontraba plasmado en algunas leyes específicas de alcance provincial y municipal aunque con deficitarias e incluso inexistentes implementaciones.

En la actualidad, podemos afirmar que todo el Estado argentino reconoce que la calle, escenario de vida de muchas personas que se ven forzadas a enfrentar procesos de desposesión material y simbólica realmente alarmantes, no es un lugar para vivir y que esta problemática es una prioridad en materia de garantía de los derechos humanos.

Situación de calle: discriminación y violencias

Las personas en situación de calle suelen ser social, institucional, mediática y simbólicamente ignoradas, aún cuando son uno de los grupos humanos con mayores dificultades para ejercer sus derechos. A modo de ejemplo: en tiempos donde la vivienda y la higiene se constituyeron como base mínima para el cumplimiento de las medidas de prevención de contagio y administración de la pandemia de COVID-19, las personas en situación de calle no solo se encontraron más expuestas al riesgo sanitario que el promedio de la población sino que, además, su exclusión y marginalidad aumentó (Rosa, 2020).

Durante la ASPO y la DISPO, muchos comedores donde se ofrecía asistencia alimentaria, y muchos de los lugares donde las personas se podían higienizar, como baños de bares, restaurantes, estaciones de transporte y/o transbordo, se encontraron reducidos en su capacidad, cuando no completamente cerrados.

En relación al acceso a programas sociales o ayudas económicas de emergencia, la carencia de dispositivos tecnológicos y la dificultad de manejo de medios digitales significaron un obstáculo extra para la consagración de los beneficios. Todo ello, nos lleva a reflexionar que, sin dudas, en materia de prevención, promoción y políticas públicas del cuidado, las personas en situación de calle han sido uno de los sectores de la población más relegados.

Por otro lado, y actualmente, Argentina no cuenta con políticas públicas integrales dirigidas a esta población y tampoco posee datos públicos censales de alcance nacional sobre la temática y su situación; esto último significa que, todavía, el Estado no posee información oficial. Sin embargo, como señalamos anteriormente, en diciembre de 2021 Argentina incluyó en su plexo normativo la Ley Nacional sobre Situación de Calle y Familias sin Techo que, entre otras cuestiones, dispone la realización de relevamientos anuales de alcance nacional sobre la población en situación de calle y en riesgo de estarlo para contar con la información necesaria para el diseño de políticas públicas.

Además, la Ley indica la creación, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, de un espacio de articulación entre los ministerios de Salud, Mujeres, Géneros y Diversidad, del Interior, de Desarrollo Territorial y Hábitat, del SEDRONAR y de universidades, sindicatos y organizaciones sociales para coordinar la implementación de las políticas públicas necesarias a nivel nacional, provincial y municipal. Esta dimensión participativa, interdisciplinaria e intersectorial es fundamental para garantizar la perspectiva de derechos humanos y no discriminación, e insistituible para prevenir cualquier representación social que tergiverse, estigmatice o no de cuenta de la realidad que se busca modificar.

Al respecto, y a partir de la realización de los Foros Regionales de Diagnóstico para la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación, el INADI ha recabado importantes perspectivas, propuestas y testimonios sobre la discriminación que padecen distintos grupos de personas, entre ellos las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo.

Según los aportes de las organizaciones sociales que trabajan la temática, los prejuicios o estereotipos que se identifican sobre la población en calle van desde la romantización de la situación de calle: “les gusta vivir en la calle”, “eligen vivir así”, hasta la estigmatización y criminalización: “no quieren trabajar”; “quieren vivir del Estado”, “dan asco”, “son peligrosos/as”, “son chorros/as”, “son fisuras” o “les gusta vivir en la mugre”. Estos prejuicios y estereotipos circulan y se reproducen en conversaciones e intercambios en redes sociales, medios, en la vía pública e incluso en los organismos y entidades públicas que son responsables de garantizar los derechos.

Como sucede con todo tipo de discriminación, la naturalización de estos discursos profundiza la marginación, aumenta los riesgos de agresiones y se materializa en actos de intolerancia que, en su máxima expresión, desencadenan delitos de odio.

En los últimos años, los delitos de odio dirigidos hacia personas en situación de calle se han incrementado notablemente. En la Ciudad de Buenos, por ejemplo, se han prendido fuego ranchadas y se ha agredido físicamente a personas en situación de calle dejándolas muy lastimadas o incluso quitándoles la vida. Siguiendo a Gómez, se trata de delitos que “actúan el prejuicio”, y que se sustentan en la convicción de que “se tienen razones” para cometerlos:

La violencia por prejuicio tiene, entonces, entre sus causas primordiales la necesidad de marcar diferencias entre colectividades hegemónicas y no-hegemónicas con el fin de reproducir arreglos sociales que benefician a las primeras. Por eso, es posible argumentar que el problema de la violencia contra el otro/a y la convicción frente a las razones que la justifican se origina en su pertenencia a una red de sentido que sólo se construye socialmente (2006, p.23).

En este marco de aumento de las violencias hacia las personas en situación de calle, la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (Asamblea Popular PSC) de la C.A.B.A creó el Registro Unificado de Violencias (RUV) hacia Personas en Situación de Calle, instrumento de sistematización de hechos de violencia que tiene como objetivo el registro y la visibilización de esta situación a lo largo y ancho del país.

En diciembre de 2021, la Asamblea Popular PSC, junto al proyecto UBACyT 2018-2020: “Sociogénesis de las marginaciones urbanas: personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires”, presentaron el primer informe del RUV en una cartografía de violencias hacia personas en situación de calle que, si bien sólo relevó las violencias a través de su cobertura mediática, nos permite reconocer sin dificultad la gravedad del asunto. Entre enero y diciembre de 2021:

  • Se identificaron 33 hechos de violencia hacia personas en situación de calle: 10 concluyeron en lesiones graves y 23 resultaron víctimas fatales.

  • 18 clasifican como ataques de odio.

  • 13 de las muertes fueron producto de negligencia, es decir, de falta de asistencia.

Las organizaciones sociales también destacan que las violencias y la discriminación a las personas en situación de calle se ve agravada por el género, la sexualidad, la identidad de género, la pertenencia nacional o el color de piel de las personas, es decir, que se ve atravesada por la desigualdad de género y el racismo. La organización social Proyecto 7 – Gente en Situación de Calle, por ejemplo, señala que las personas LGBTQI+ se encuentran sumamente invisibilizadas en lo que respecta al abordaje general de la problemática; y desde ya, esta desconsideración significa la determinación de estrategias y abordajes institucionales que terminan exponiendo al colectivo a mayores y específicas violencias que pueden y deben ser erradicadas.

A las causas estructurales de la desigualdad, se le superponen distintos elementos que condicionan y dan una especificidad a cada situación: la falta de contención o ausencia de redes afectivas, familiares y sociales, el consumo problemático, las situaciones de salud o salud mental, entre otras, vuelven a la situación de calle una circunstancia de excesiva vulnerabilidad que, a partir de distintos mecanismos que van desde la invisibilización, la estigmatización y la discriminación, exponen a las personas al abuso, la explotación, la violencia física, institucional e incluso el asesinato.

Finalmente, es importante señalar que muchas de las prácticas discriminatorias se vivencian a través del tránsito por distintos canales asistenciales, es decir, se manifiestan en las instancias burocrático-institucionales. Esta situación, que Biaggio describe como un circuito de “círculo vicioso”, resulta de los obstáculos propios de la organización burocrática del Estado y de instancias de maltrato que sufren las personas en situación de calle al momento de gestionar el ingreso a un comedor, un lugar en un albergue, un subsidio habitacional y/o cualquier tipo de asistencia (2010). A modo de ejemplo: el tiempo que se pierde en las diferentes gestiones es incompatible con el necesario para la búsqueda o el sostén de un trabajo.

El trabajo que presupone la obtención de las entrevistas en Desarrollo Social, la búsqueda de los papeles y certificados que deben solicitarse en otras instituciones, sumado a los posibles cambios en la organización y reglamentos de los programas, es sentido como una falta de respeto, una instancia tediosa difícil de soportar (Ibid, p. 43).

La descripción de las peripecias que deben realizarse para obtener prestaciones sociales mínimas da cuenta del carácter “vicioso” que asume este “circuito”, a la vez que explicita cómo las instituciones que abordan la problemática deben no sólo conocer las representaciones sociales discriminatorias existentes sino también la realidad y los obstáculos efectivos que atraviesan a esta población.

El primer relevamiento del país sobre esta temática se impulsó a través del programa social para personas sin techo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 1997. Este se llevó adelante a través de una técnica de conteo que incluyó la implementación de una encuesta. La metodología, conocida como “punto en el tiempo”, se centraba en el registro de las personas en situación de calle en un día y hora determinado previamente, y expresaba varias limitaciones producto de solo relevar a quienes dormían en la calle el día estipulado del recuento (Calcagno, s/f, p.6). Desde 1997, a la fecha, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) no ha ajustado ni modificado el método. Además, desde entonces, los resultados de los conteos oficiales han ofrecido cifras que no expresan mayores variaciones, rondando entre las 705 personas (para el año 2000), y llegando a un máximo de 1.356 personas en situación de calle (para el 2009). Esta información nunca se correspondió con la percepción social y las estipulaciones de las organizaciones territoriales que trabajan la problemática (Rosa, 2013; CPPSC, 2017).

En 2016 el Gobierno de la Ciudad dijo que había 876 personas en esa situación, casi lo mismo que en el 2012 y 2014, y apenas unas 100 personas menos que lo que registró en el 2015 (n=924). Recientemente publicó los resultados del relevamiento realizado en abril de 2017, donde reconoce un aumentó en relación con el año anterior pero igualmente sólo contó 1066 personas en calle efectiva (CPPSC, 2017, 1).

Partiendo de la distancia entre el dato oficial y el registro de las organizaciones que trabajan la temática, diferentes agrupaciones sociales, políticas, culturales, estudiantiles, académicas y personas en situación de calle y en riesgo de estarlo diseñaron y llevaron adelante el Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle (2017). Su resultado, junto al del Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (2019), se ha vuelto una referencia ineludible para la consideración cuantitativa y cualitativa de la temática, aun considerando las limitaciones de este estudio.

Números que hablan: diagnóstico sobre discriminación y violencias en calle

El resultado del Primer Censo Popular sobre población en situación de calle y en riesgo de estarlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue de 25.872 personas. Entre otras cuestiones, el Censo logró relevar que, durante 2017, 5.872 personas adultas, niñas y adolescentes se encontraban en situación de calle efectiva y 20.000 más se encontraban en riesgo de situación de calle, es decir, habitando hoteles o pensiones, percibiendo el subsidio habitacional, institucionalizadas en el sistema de salud/salud mental o en el sistema de justicia penal en condición de egreso y/o informadas de sentencias firmes de desalojo sin capacidad de procurarse una vivienda (CPPSC, 2017, pp.15-17).

Además, el informe del Primer Censo realizado durante 2017 ofrece la siguiente información:

  • Entre los motivos principales de la situación de calle se mencionan problemas familiares y problemas socioeconómicos. Otros motivos significativos mencionados fueron haber estado privado o privada de la libertad en una institución penal y transitar problemas de salud/salud mental.

  • El 75% de la población entrevistada no contaba con ningún tipo de ingreso fijo ni era beneficiaria de ningún programa social.

  • El 47% de las personas encuestadas expresó que lo que permitiría que dejen de estar en situación de calle es acceder a un trabajo o la mejora de las condiciones de las actividades que realizan para su subsistencia.

  • Un 81% realiza algún tipo de actividad para su subsistencia. Algunas de las mencionadas fueron: changas, cartoneo, cuida coches, venta ambulante, mendicidad y prostitución.

  • 1.245 personas indicaron haber padecido alguna situación de violencia. La discriminación fue la expresión más escogida, seguida por la violencia física.

Dos años después de aquella experiencia, en abril de 2019, el GCBA actualizaba sus números, y desconsiderando los resultados del Primer Censo Popular, difundió el número de 1.146 personas en situación de calle efectiva. A diferencia, el Segundo Censo Popular de Personas en Situación de Calle (2019) demostró que en los últimos años la problemática se profundizó a niveles alarmantes. El resultado del Censo Popular fue de 7.251 personas en situación de calle, de las cuales 5.412 se encontraban viviendo a la intemperie y 871 eran niños y niñas: el 52% de la población afirmó que era la primera vez que se encontraba en esta situación, y el principal motivo fue la pérdida de empleo y posterior imposibilidad de pagar el alquiler (CELS, 2021).

Derecho a la ciudad sin discriminación

Como señala la Carta Mundial, la lucha por el derecho a la ciudad implica la exigencia del equitativo usufructo de las ciudades desde una perspectiva de derechos humanos, justicia social y no discriminación, de modo que se procuren los mecanismos y las políticas públicas urbanas necesarias para garantizar -en igualdad- los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la salud pública, a la alimentación, a la vivienda adecuada, al agua potable, a la energía eléctrica, al transporte público, a la educación pública de calidad, a la cultura, a la información, a la participación política, a la convivencia pacífica y al acceso a la justicia (Foro Social, 2004). El derecho a la ciudad, entonces, no es un derecho más, ni se posiciona sobre los derechos específicos, como por ejemplo sobre la exigencia del derecho a una vivienda adecuada; el derecho a la ciudad se trata más bien de una interpretación crítica de los efectos de la concentración urbana (de las ciudades) tras el neoliberalismo y la concentración del capital vigentes, con todo lo que ello implica en términos de afectación de la calidad de vida todas las personas, pero en especial de aquellas que no gozan de la ciudad.

La ciudad no es una simple mercancía, y en ese sentido el derecho a la ciudad se presenta como una nueva exigencia para hacer cumplir los ya reconocidos derechos humanos sin exclusión ni goce diferenciado. Su carencia, la actual inaccesibilidad y la obstaculización del ejercicio de los derechos básicos en las ciudades, se expresa de modo radical en las vivencias cotidianas de las personas que se encuentran en situación de calle y/o en riesgo de estarlo.

En este marco, el diseño y desarrollo de las políticas públicas necesarias para reparar y prevenir las violencias y la vulneración sistemática de los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo debe ser, como la problemática y la nueva ley lo indican, integral y con la participación voluntaria y activa de las organizaciones y personas que defienden, militan y luchan por la atención pública de esta problemática. Hacia allí tendemos.

Referencias bibliográficas

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