En el marco de la pandemia COVID-19 y como consecuencia del impacto de las medidas sanitarias de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, numerosos hogares inquilinos se encontraron con crecientes dificultades económicas para cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler. Esto ha generado diversas situaciones de dificultad para el pago de los montos de locación de los contratos vigentes, así como para afrontar los gastos de renovación de contratos o de la celebración de nuevos contratos, entre otras situaciones que pueden derivar en el inicio de procesos de desalojo.
El Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales es una iniciativa que establece un marco de actuación institucional en todo el territorio de la Nación, a los fines de abordar los casos de personas locatarias que enfrentan procesos de mediación o desalojo, con contratos de locación declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) conforme lo establecido por el Artículo 16 de la Ley N°27.551 y la Resolución General de AFIP N°4933/2021.
Mediante el Protocolo, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat sistematiza la información sobre mediaciones y desalojos provista por organismos públicos de todo el país y articula las posibles soluciones con los organismos ejecutores de vivienda en las provincias, encargados de brindar respuestas habitacionales.
Los objetivos del Protocolo son:
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Sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial.
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Desarrollar un Registro con la información de mediaciones y desalojos provista por los distintos organismos públicos, que permita la identificación de las personas, familias o grupo conviviente alcanzada por el Protocolo.
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Proponer convenios de colaboración y asistencia con organismos ejecutores de vivienda para disponer unidades a los fines de poner en marcha lo dispuesto en el Título III de la Ley Nº 27.551, de acuerdo a las capacidades socio-económicas de los hogares y a mecanismos de priorización según el grado de vulnerabilidad de las personas o familias alcanzadas por el presente Protocolo.
Más Información
Información útil en materia de regularización de situación de alquiler y de apoyo en el marco del Protocolo.