El pasado mes de septiembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 660/2021, que creó el programa Registradas, destinado a fomentar la formalización y bancarización de las y los trabajadores de casas particulares, rubro históricamente afectado por sus elevados niveles de precarización e informalidad.

Noviembre 2021

A fines de septiembre de 2021, se publicó el Decreto N° 660/2021, creando el “Programa de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social para las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares”.

El programa tiene como objetivo resolver una de las principales problemáticas con las que se enfrentan constantemente las y los trabajadores de casas particulares: la informalidad y la precarización laboral. Por tratarse de un rubro altamente feminizado, el acceso a mejores condiciones laborales y a la formalización permite reducir las brechas de género que quedan expuestas al analizar las estadísticas del mercado laboral (las mujeres tienen, en promedio, menores salarios que los hombres y representan una mayor proporción dentro del trabajo informal). De acuerdo a los resultados de la EPH en el primer trimestre de 2021, en Argentina el trabajo en casas particulares se ubica como la tercera rama más importante en donde se emplean las mujeres (antecedida por comercio y enseñanza).

Asimismo, este fue uno de los sectores más afectados por la pandemia. En el segundo trimestre de 2020, período donde el confinamiento fue más estricto, más de 400 mil trabajadoras se quedaron sin trabajo, y todavía 350 mil no lograron recuperarlo. Si se considera a las trabajadoras formales, de acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, entre el primer trimestre de 2020 y el mismo período de 2021 25.500 perdieron su empleo totalizando 473.967 mujeres registradas en 2021. De acuerdo a un informe realizado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, la caída en el sector fue de tal magnitud que alteró la inserción laboral de las mujeres: previo a la pandemia 1 de cada 6 mujeres se empleaba en esta rama, mientras que tras el confinamiento lo hicieron 1 de cada 8.

La creación del Programa Registradas apunta a fomentar la formalización en el sector, la inclusión financiera y a recuperar los empleos perdidos como consecuencia de la pandemia. Tanto el elevado nivel de informalidad (a principios de 2021 era del 70,5%) como la escasa regulación generan una gran desprotección para las trabajadoras que no acceden a los mismos derechos que el resto de las y los trabajadores registrados. Además de que se trata del sector con los salarios más bajos de la economía.

Cerrando brechas de género

Desde el año 2013, rige la Ley N° 26.844, que regula los derechos laborales de los y las empleadas domésticas. Sin embargo, los niveles de informalidad para quienes trabajan en casas particulares siguen siendo elevados, y la situación del sector se complejizó en 2020 como consecuencia de la pandemia.

El programa, además de buscar la formalización de empleados y empleadas para mejorar la protección de sus derechos laborales, apunta a incrementar la bancarización, ya que a partir de la inscripción en Registradas, se realiza la apertura de una cuenta sueldo en el Banco Nación para depositar la proporción del salario neto correspondiente. Esto incentiva el uso de cuentas bancarias así como de tarjetas de débito, al ofrecer de manera gratuita y simplificada la apertura de una cuenta.

Como fue mencionado, se trata de un sector altamente feminizado. El 98,8% de las personas que se dedican al empleo doméstico son mujeres y casi tres cuartas partes se encuentran en condiciones de informalidad. Por lo tanto, la medida también apunta a reducir las brechas de género y la precarización laboral que sufren mayoritariamente las mujeres. Antes de la implementación del Programa, el único incentivo que existía para la formalización del sector, era la deducción de Ganancias, impuesto que grava únicamente a las personas de mayores ingresos, que además son mayoritariamente varones (de acuerdo a datos de AFIP, representan el 71% de los contribuyentes). De esta manera, se logra llegar a más personas no sólo a través de los incentivos establecidos sino también a través de la concientización de la problemática y la necesidad de solucionarla.

Una mayor formalización del sector es una de las principales deudas para con las trabajadoras domésticas de casas particulares, históricamente invisibilizadas, que a partir de su inscripción en el programa comenzarán a tener aportes que les permitirán acceder a distintos beneficios, como por ejemplo en un futuro acceder a una jubilación.

Si bien el camino por recorrer para disminuir las brechas de género todavía es largo, este tipo de medidas, que buscan la reducción de la precarización en uno de los sectores más feminizados de la economía, van en el camino correcto.

Medidas y condiciones del Programa

• El programa otorga una suma fija a las trabajadoras de casas particulares cuyos empleadores se inscriban en el régimen, siendo de esta forma el Estado quien abona una parte del salario que reciben. Para acceder al mismo, las empleadoras y los empleadores deben tener un sueldo bruto menor o igual a $175.000, y las empleadas deben trabajar en ese hogar al menos 12 horas semanales.

• El monto mensual máximo que abonará el Estado es de $15.000. Cuando se trate de empleadoras/es cuyos ingresos brutos sean menores a $122.500, el Estado abonará el 50% de la remuneración neta de la trabajadora o trabajador. Cuando se trate de empleadoras/es cuyos ingresos brutos sean superiores a este monto, el Estado abonará el 30% de la remuneración neta de la trabajadora.

• El Estado abonará sólo una parte de la remuneración bruta, mientras que el empleador/a deberá registrar en blanco a su empleada y pagar sus aportes, contribuciones, ART y sueldo restante a través de un sistema simplificado en la página de AFIP.

• El beneficio se extiende durante 6 meses, a partir de que se abona la primera suma fija. Al momento de la inscripción en el programa, la empleadora o el empleador asume el compromiso de mantener la relación laboral por al menos 4 meses luego de la finalización del beneficio.

• Empleadoras/es y trabajadoras/es pueden acceder al beneficio por una sola relación laboral.