A nivel mundial, tanto la promoción de la equidad de género como la reducción de la discriminación por razón de género y la garantía de la participación económica de las mujeres son objetivos importantes en materia de derechos humanos para muchos gobiernos y organizaciones internacionales. Así se refleja por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)¹
, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, el Tratado de la Unión Europea (TUE) y también en los compromisos de los Líderes del G20. Asimismo, iniciativas globales como ONU Mujeres y Women G20 también reflejan la necesidad de debatir, analizar y proyectar cuestiones tendientes a mejorar la igualdad de género en diversas áreas políticas.

En línea con esta tendencia internacional, la promoción de la igualdad de género en las sociedades también es una prioridad para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y forma parte de su programa de trabajo. Es por ello, que en octubre de 2021 durante la reunión del Consejo Ministerial, la OCDE pidió a los responsables políticos que analicen cómo las políticas públicas pueden ayudar a lograr la igualdad de género.

Más allá de los compromisos internacionales y de los derechos humanos, trabajar por economías más inclusivas en las que las mujeres participen plenamente es también importante para el crecimiento económico de todos los países. Desde la OCDE señalan que tanto la discriminación como la desigualdad de género impactan fuertemente en el nivel de ingresos de un país, especialmente en las economías en desarrollo. La pérdida, asociada a la discriminación de género, traducida en disminución de la productividad y en la reducción del nivel de educación y participación laboral de las mujeres, fue estimada por la OCDE en hasta el 16% del PIB mundial en 2016. En este contexto, la mejora de la igualdad de género y la reducción de la discriminación por razón de género podrían reportar importantes beneficios económicos.

A esta situación, debemos sumarle la crisis generada en virtud del COVID-19 que, como demuestran diversas investigaciones, ha agravado la desigualdad de género.

Por ello, en este contexto deviene fundamental la necesidad de desarrollar nuevas ideas, analizar y brindar respuestas efectivas que garanticen que, más allá del objetivo de la igualdad de género, las mujeres puedan participar plenamente en la recuperación económica y social.

La equidad de género es parte integral del diseño fiscal que apoya el crecimiento inclusivo. Las medidas de política fiscal pueden tener un impacto material en la participación de hombres y mujeres en la economía, por ejemplo, con el impacto de los impuestos en el fomento o desaliento de la participación de la fuerza de trabajo, o en su impacto en el espíritu empresarial y en las decisiones de inversión.

En este sentido, desde la OCDE, durante el año 2021, como un primer trabajo de campo, se pidió a los países que, a través de una encuesta, proporcionaran información sobre sus prioridades en materia de política fiscal e igualdad de género, información sobre el sesgo implícito y explícito, datos disponibles para el análisis de la política fiscal, inclusión de los resultados de género en el proceso de diseño de la política fiscal, administración y cumplimiento de los impuestos, y prioridades para el trabajo futuro.

El documento final que resulte de la recopilación de las respuestas que envíen diversos países será presentado a los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en su próxima reunión en febrero de este año dado que también es un tema que tiene relevancia en la agenda del G20 de este año 2022 bajo la presidencia de Indonesia.

En función de ello y considerando que desde el inicio de esta gestión dentro del diseño de la Política Tributaria la cuestión de la perspectiva de género ha estado siempre presente, la Secretaría de Política Tributaria junto a otras áreas del Ministerio de Economía conformó una Mesa de trabajo con el fin de poder analizar, estudiar, evaluar y participar activamente en estas cuestiones ante la OCDE como así también en otros ámbitos internacionales. En este sentido, justamente el primer paso llevado adelante fue responder la encuesta compartida por OCDE.

Ello significa que Argentina forma parte del grupo de países que respondió la misma al igual que Alemania, Arabia Saudí, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, Croacia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kenia, Letonia, Luxemburgo, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Rumanía, San Marino, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez y Ucrania.

Sin duda alguna, este fue el primer paso de un largo camino que comienza a transitarse donde Argentina tiene mucha información que aportar y donde una vez más, como en muchas otras cuestiones, podemos demostrar que estamos alineados a los estándares internacionales y que en este caso puntual, la perspectiva de género está siempre en consideración a la hora de pensar y diseñar la política tributaria de nuestro país.

Dos ODS apuntan a la igualdad de género (ODS 5 "Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas" y ODS 10 "Reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos") Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015