Mujer y política


Lineamientos Generales y Propuestas
  • El desarrollo del sistema democrático supone un protagonismo central y responsable de los partidos políticos. La renovación de la política requiere tanto el fortalecimiento de los partidos como la integración de las nuevas formas de representación y participación de la ciudadanía.
  • La equidad de género debe estar puesta en cada paso del proceso de la reforma política, tanto a nivel nacional como provincial.
  • La base de igualdad de oportunidades entre las mujeres y varones debe tenerse en cuenta a la hora de plasmar cualquier modificación de nuestras instituciones y de sus reglas.
  • Ninguna reforma, cualquiera sea su índole, puede ir en detrimento de los pisos establecidos en la Constitución Nacional (art. 37 y disposición transitoria 2), respecto a la representación de las mujeres.
  • La eliminación de los "sobregastos de la política", no debe implementarse mediante la reducción de representación legislativa. Creemos que la reducción en el número de los legisladores nacionales y provinciales no es la solución ya que limita el efectivo ejercicio democrático y la representación de las mujeres y de las minorías. Por otro lado, no elimina de ninguna manera los llamados "sobregastos" que se generan por otras causas.
  • Se sostiene que el problema clave está dentro de los partidos políticos, en su funcionamiento, representatividad y en su financiamiento.

De esta manera se garantizan dos aspectos fundamentales:

La democratización del funcionamiento de los Partidos Políticos a través de mecanismos en la elección de autoridades partidarias y listas de candidatos, que garanticen la representatividad y la transparencia.

En el caso de las internas abiertas y simultáneas, cualquiera sea su metodología (tachas, preferencias, uninominal, binominal, etc.), la lista definitiva debe garantizar el cumplimiento de la cláusula constitucional aludida en el presente punto.

  • Financiamiento de los partidos políticos: Los partidos deberán destinar en forma proporcional, según el número de afiliados por género, el monto que reciban en concepto de aporte anual para desenvolvimiento institucional al financiamiento de actividades de capacitación para la función pública, formación de dirigentes, etc. El 50% como mínimo del total del monto correspondiente a cada partido o alianza, deberá ser aplicado a la campaña de cada uno de los candidatos en forma directamente proporcional a la probabilidad de resultar electos." Los partidos deben establecer mecanismos de contralor que posibiliten el acceso de afiliados/as y de ciudadanos/as a los informes de gastos.
    En el caso de que avance, a nivel nacional o provincial, propuestas que limiten en la práctica la participación de las mujeres, se continuarán analizando otras medidas, como por ejemplo, promover un aumento del porcentaje del cupo a un 50%, tendiente a garantizar los espacios conseguidos hasta el presente.

  • Cada una de las representantes provinciales se compromete a generar, en sus respectivas jurisdicciones, ámbitos de discusión con la participación de mujeres políticas, universitarias y militantes sociales, a fin de unificar esfuerzos a nivel nacional y local. A continuación firman las integrantes del Consejo Federal presentes.

Mujeres en lugares de decisión

Poder Legislativo. Ley de Cupo.

La ley de Cupo es una medida de acción positiva que tiene fundamento constitucional destinada a hacer efectiva la participación de las mujeres a la actividad política como actoras en un ámbito de decisión como es el Congreso Nacional. Su sanción a nivel nacional ha significado un paso trascendental que ha impactado al conjunto de la sociedad, marcando un proceso irreversible de integración de las mujeres a la vida política, social y económica del país.

¿Para qué sirve el cupo femenino?

Luego de una década de incorporación de legisladoras a la Cámara de Diputados de la Nación y a las Cámaras Provinciales, su producción legislativa permitió visibilizar cuestiones ocultas de larga data.

Fueron motivo de debate público temas como: la violencia familiar y la violencia hacia la mujer; programas de procreación responsable para varones y mujeres, desde una concepción integral de la salud; la modificación de antiguas tipologías discriminatorias de las mujeres del Código Penal, con la incorporación de los delitos contra la integridad de las personas y definiciones precisas de los vejámenes y agresiones sexuales y de la violación. También se mejoraron las normas sobre adopción, se creó un Registro Nacional Único que facilita el ejercicio de paternidades y maternidades y un Registro de Deudores Morosos de obligaciones alimentarias. Estas son sólo algunas de las iniciativas que tienen el sello de las legisladoras.

Desde el Poder Legislativo las mujeres también aportaron una mirada diferente a cuestiones específicas en temas de economía, de políticas laborales y de promoción de empleo, así como en asuntos relacionados con la justicia y el impulso de la transparencia en el manejo de la cosa pública.