Proyectos de Participación Público Privada

Los contratos de participación público-privada son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional, como contratantes, y los sujetos privados o públicos, como contratistas. Este tipo de contratos constituye una modalidad alternativa a los contratos de obra pública y concesión de obra pública.

Se encuentran regulados por la Ley 27328 y su Decreto reglamentario 118/17 (modificado por Decreto 936/18) y tienen por objeto el desarrollo de proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica. Se enfocan en el desarrollo de actividades de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamientos y bienes, explotación u operación y financiamiento.

En materia ambiental, dicha Ley dispone que el contratante deberá promover la protección y cuidado ambiental, adoptando las medidas de prevención, mitigación, o compensación, según el caso, de los impactos negativos o adversos que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada proyecto. Para cumplir con este objetivo, en los contratos deben especificarse las obligaciones ambientales de cada una de las partes, así como los mecanismos de cumplimiento de dichas obligaciones por parte de la contratista.

En este marco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable interviene a través de la elaboración de consideraciones ambientales, previas a la aprobación de la documentación contractual. Dependiendo del caso, se pronuncia respecto al diseño del proyecto, de los estudios ambientales exigibles, y/o de la gestión ambiental (prevención, mitigación y/o compensación).

Con relación a las consideraciones sobre cambio climático, se puede consultar el listado de medidas de mitigación y adaptación a nivel nacional.

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