Argentina.gob.ar

El Grupo de Trabajo para el Análisis y Estudio de la incidencia en los distintos sectores de los subsidios, conformado por los ministerios de Economía y Finanzas y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informa que luego de continuar con el relevamiento de zonas residenciales ha resuelto extender el envío de formularios sobre necesidad de subsidios a las siguientes áreas:

• Zonas del Norte: Vicente López (La Lucila, Olivos), San Isidro (Club Pueyrredón, Martínez, Béccar), Tigre (Benavídez, General Pacheco, Don Torcuato) y San Fernando (Punta Chica, Victoria).
•  Zona del Oeste: Hurlingham e Ituzaingó (Parque Leloir, Barrio 33).
•  Zonas del Sur: Almirante Brown (Adrogué).
• Barrios Cerrados de todo el país, entendiéndose por éstos los conglomerados de casas rodeados por un cerco, con calles internas y seguridad privada.

Los límites exactos se detallan en mapas disponibles en el sitio web, cuyo enlace figura al pie.
Las cartas comenzarán a llegar con las facturas de los servicios de electricidad, gas y agua a partir del 1º de marzo de 2012.

Al igual que sucede con los envíos que ya se están realizando, los usuarios tendrán 30 días para responder. De no hacerlo, recibirán una nueva comunicación certificada que, en caso de no ser contestada luego de 5 días, hará que se proceda a la quita de subsidios. También podrán renunciar a través de un troquel en la factura, donde se indicará el monto a abonar sin el beneficio.

En caso de que el usuario considere que debe ser subsidiado, deberá completar el formulario indicando alguno de los 12 motivos allí expuestos y enviarlo por correo.

Las nuevas zonas alcanzan a 71 mil usuarios (incluyendo barrios cerrados), que hoy  se ven beneficiados con un aporte del Estado Nacional de 228 millones de pesos. Si a ese número se le suma el de quienes ya están recibiendo los formularios, el total asciende a 255.558, lo que representa  557 millones de pesos.

De esta manera, se continúa con la política de redireccionamiento de subsidios, desde aquellos que no los necesitan a quienes todavía no pueden acceder a los servicios universales.
Asimismo, desde la cartera ministerial se informa que ya han renunciado de manera voluntaria 23.215 usuarios, lo que equivale a un ahorro de 40 millones de pesos.